Tras 29 años en el cargo —iba para 32 tras su reciente reelección—, las horas de Ángel María Villar al frente de la Federación Española de Fútbol (FEF) pueden estar contadas. El Consejo Superior de Deportes (CSD) se plantea solicitar hoy al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la apertura de un expediente que desembocaría en una suspensión cautelar y en una posterior inhabilitación. Si el informe solicitado a la Abogacía del Estado por el presidente del CSD José Ramón Lete le da luz verde y, a la vez, el juez Santiago Pedraz dicta un auto contundente sobre la implicación de Villar, tras tomarle la declaración prevista para este jueves, el presidente del fútbol español sería suspendido de todas sus funciones cautelarmente. Todo dependerá de la postura que adopten las fiscales anticorrupción Inmaculada Violan y Esther González ante el juez, si piden para él prisión o bien que se le imponga una fianza como medida cautelar. Pedraz no es un juez proclive a dictar medidas de prisión, aseguran algunos de sus compañeros. La existencia de diligencias secretas y la posibilidad de destrucción de pruebas sería lo que, en su caso, podría inducir al juez a decretar la prisión de Villar, si se lo piden las fiscales.
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