La directiva del FC Barcelona aspiraba a cerrar mañana en la asamblea de socios —el mismo organismo en el que se inició el contencioso en 2010 con el mandato de Sandro Rosell—, el proceso abierto por la Acción de Responsabilidad Social contra la junta de Joan Laporta. El consejo presidido por Josep Maria Bartomeu buscaba un pacto con los directivos afectados después de llegar a un acuerdo con la aseguradora Zúrich, que asumirá el pago de entre 3 y 5 millones de euros como compensación por las pérdidas provocadas por el equipo de Laporta y que propiciaron precisamente la denuncia de la directiva de Rosell. La alianza supondría que tanto el Barça como los demandados retirarían sus correspondientes recursos —la directiva actual lo hizo contra la sentencia que exoneró de pérdidas al grupo de Laporta— y que el club no solo renunciaría a ser el beneficiario —no se ejecutarían los avales— sino que tampoco exigiría que la otra parte asumiera los costes judiciales.
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