Los dos jueces que admitieron las querellas contra Ángel María Villar por los presuntos tratos de favor al Marino de Tenerife y al Recreativo de Huelva y también por el retraso electoral siguen abriendo diligencias en ambos procesos. El magistrado Marcos Ramón Porcar, que abrió la investigación por la demora en las elecciones, deberían haberse celebrado en el primer cuatrimestre de 2016, ha admitido que se presenten como pruebas las grabaciones de las comisiones delegadas en las que se aprobaron los reglamentos electorales que no se ajustaban a la orden ministerial que regula las elecciones en las federaciones deportivas. Con esta admisión de pruebas el juez podrá comprobar si Villar influía o no en las decisiones de la comisión delegada. Según fuentes federativas, en alguna ocasión, Villar habría incitado a votar a los miembros de la comisión delegada según su interés y posteriormente él se abstenía en la votación para eludir responsabilidades.
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