Ángel María Villar y la Federación Española de Fútbol (RFEF), como persona jurídica, han sido imputados por prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida de 1,2 millones de euros de dinero público que le fueron concedidos en 2010 por el Consejo Superior de Deportes (CSD). La subvención fue concedida con el objeto de reforzar la candidatura Ibérica (España-Portugal) para organizar el Mundial 2018, que finalmente fue asignado a Rusia.
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