“Intenta de todas maneras, ya sabes, no hablar mucho, no hables mucho por el móvil de ciertas cosas, por si acaso, ya sabes...” Las conversaciones telefónicas intervenidas con autorización judicial revelaron a la Policía que los presuntos integrantes de la trama desmantelada en la Operación Oikos adoptaban medidas de seguridad en sus conversaciones que impedían a los investigadores recabar numerosas pruebas. Los teléfonos encriptados, cambios frecuentes de números de móvil, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea para intercambiar instrucciones y el empleo de palabras clave de los que se valían Raúl Bravo y Carlos Aranda –a los que otros implicados llaman “los malos”- obligaron a la Policía a pedir autorización al juez para colocar micrófonos en los coches en los que se desplazaban, ocultar balizas de geolocalización e, incluso, instalar software espía en sus móviles. Dispositivos similares se utilizaron en la operación Mito que permitió la detención del célebre narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y para recabar datos incriminatorios en el caso Lezo contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
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