Javier Mascherano ha llegado a un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado -que defiende los intereses de Hacienda- para zanjar la causa penal que tiene abierta por fraude fiscal. A cambio de admitir que defraudó 1,5 millones al fisco, y tras haber devuelto el dinero, las dos acusaciones han aceptado pedirle una condena inferior a la que corresponde a ese tipo de delitos: un año de cárcel y el pago de una multa de unos 700.000 euros.
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