En los días previos a la convalidación del real decreto sobre la venta centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol hubo un tenso cruce de cartas entre el Gobierno español y la FIFA, a la que el presidente de la Federación Española (FEF), Ángel María Villar, solicitó ayuda para intentar modificar la nueva norma. Villar alegaba que la reglamentación incurría en injerencias de terceros en la organización futbolística al desposeerla de la titularidad de dichos derechos. También apelaba el presidente de la FEF a la vulneración de los puntos 13 y 17 de los estatutos de la FIFA.
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